En un movimiento que ha sido calificado como «la mayor arremetida contra la universalidad del sistema desde que asumió Javier Milei», el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley que modifica sustancialmente la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, bajo el nombre de «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez». El objetivo del proyecto es reestablecer un sistema de prestaciones más restrictivo y desregulado, lo que generó una gran cantidad de críticas y rechazo entre las organizaciones de discapacidad de Córdoba.
El presidente de la Asociación Civil Colectivo 3 de Diciembre y referente del movimiento de discapacidad cordobés, Leandro Ator, expresó su rechazo categórico a la iniciativa. «Lo primero que hace ruido es el nombre del proyecto», declaró. «Demoniza al colectivo. Existen desde hace mucho tiempo un montón de mecanismos de control». Ator también criticó que el proyecto apunte directamente al corazón del sistema de prestaciones, eliminando la universalidad y los derechos de las personas con discapacidad.
La iniciativa establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral, con suspensión automática del beneficio y eventual baja para aquellos que no completen el trámite en los plazos estipulados. Además, elimina la posibilidad de aumentos por concepto de invalidez laboral o zona geográfica desfavorable, suprime el nomenclador de prestaciones únicas y desregula la negociación arancelaria por obra social o prepaga.
La organización también criticó que el gobierno justifique la iniciativa en el crecimiento de las pensiones por invalidez, que según datos oficiales escalaron de 76.000 beneficiarios en 2003 a más de 1.200.000 en 2023. Ator cuestionó esa cifra y el uso político que se hace de ella, recordando una auditoría externa realizada al PAMI durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
La paradoja política del proyecto no pasa inadvertida para nadie en el sector. El gobierno que ahora erige la bandera de la transparencia en pensiones por invalidez es el mismo que enfrenta una causa judicial de alto impacto por presuntas coimas al interior del organismo que administraba esas mismas prestaciones.
En este contexto, se espera una fuerte tensión en los bloques aliados del oficialismo en el Senado, que el año pasado votaron a favor de la ley de emergencia en discapacidad. La misma estrategia de presentar una nueva ley cuando hay obligaciones judiciales incumplidas ya fue utilizada con la Ley de Financiamiento Universitario: el Ejecutivo busca ganar tiempo a través del debate parlamentario mientras evade la aplicación de la normativa vigente.
Finalmente, Ator convocó al sector de la provincia de Córdoba a sumarse a la jornada nacional de protesta del miércoles 22 de abril en repudio a las políticas de ajuste en discapacidad. La medida se enmarca en una serie de movilizaciones que el colectivo sostiene desde hace dos años frente a lo que describe como un desmantelamiento sistemático de derechos conquistados.
