En un movimiento sorprendente, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y una coalición de organizaciones ambientales presentaron ayer una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Santa Rosa para declarar inconstitucional y nula la reciente reforma a la ley de protección de glaciares. La demanda fue firmada por el gobierno pampeano, la Universidad Nacional de La Pampa, la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú (Fuchad).
Según se informó, la reforma aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados introduce cambios regresivos en la protección ambiental y vulnera derechos constitucionales. Los demandantes sostienen que la ley nueva introduce una protección incompleta para los glaciares y periglaciares, lo que podría generar daños ambientales graves e irreversibles.
La demanda argumenta que la reforma rompe el principio de presupuestos mínimos ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Según se plantea, el estado nacional tiene la obligación de garantizar un piso uniforme de tutela para proteger los bienes ambientales interjurisdiccionales como los sistemas glaciares y las cuencas hídricas.
En particular, la demanda critica el nuevo esquema que permite a las provincias que contienen glaciares realizar estudios técnicos más profundos para determinar qué áreas cumplen con la función de reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedoras de agua para las cuencas hidrográficas. Según los demandantes, esto rompe el estándar uniforme de protección que debe fijar la Nación.
Además, la demanda sostiene que se violaron los estándares de participación pública previstos en el Acuerdo de Escazú durante el proceso legislativo que derivó en la sanción de la reforma. Según la presentación, las audiencias públicas convocadas en el Congreso se configuraron como instancias meramente formales, carentes de toda eficacia real y sustantiva.
La demanda también critica el hecho de que la nueva ley permita la habilitación de proyectos productivos en áreas no protegidas, lo que podría generar daños ambientales graves e irreversibles. Los demandantes sostienen que la aplicación inmediata de la norma mientras se discute su validez podría generar daños irreversibles y peden su suspensión hasta que haya una sentencia definitiva.
En general, la demanda sostiene que la reforma configura una regresión normativa y vulnera los derechos constitucionales. Los demandantes argumentan que el estado nacional tiene la obligación de garantizar un piso uniforme de tutela para proteger los bienes ambientales interjurisdiccionales y que la aplicación inmediata de la norma podría generar daños irreversibles.
La presentación judicial es el primer movimiento oficial en contra de la reforma aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados. La medida cautelar pide la suspensión de la aplicación de la ley hasta que haya una sentencia definitiva, mientras que la acción de amparo colectivo busca declarar inconstitucional y nula la reforma en su totalidad.
