En un debate inesperado, el Gobierno argentino abrió una brecha en el Congreso sobre el uso de los autos oficiales para diputados y senadores. La medida está incluida en el proyecto de ley «Hojarasca», que busca derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas o absurdas, pero técnicamente vigentes.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que la propuesta de dar de baja los beneficios que se les otorgan a los legisladores nacionales para la libre circulación y estacionamiento de sus vehículos con credenciales especiales es «uno de los ejemplos más claros de privilegio» en la legislación argentina actual, por lo que debería dejar de regir.
Sin embargo, algunos integrantes del oficialismo optaron por postergar el debate para priorizar la modificación a la ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado. Aunque el proyecto está en manos de las autoridades de la Cámara de Diputados, se prevé una única reunión de la comisión de Legislación General donde debe obtener dictamen para avanzar.
La medida generó polémica en algunos bloques y hasta entre miembros del propio oficialismo. Algunos legisladores sostuvieron que el recorte los afecta solamente a ellos y no a los funcionarios nacionales, mientras que otros argumentaron que derogar este beneficio podría ser una mala decisión, ya que entienden que perjudicaría a la actividad democrática, dificultando el trabajo de los parlamentarios.
Un diputado del PRO recordó que meses atrás, cuando se estaba debatiendo la reforma laboral, no llegó a tiempo para dar quórum -algo por lo que el oficialismo trabajó arduamente-, ya que no estaba en su vehículo protocolar. En esa oportunidad, tuvo que viajar en una moto y fue demorado en una calle aledaña al Congreso.
A pesar de la polémica generada, el Gobierno indica que «el término ‘privilegio’ deriva del latín privus (propio) y legalis (ley), es decir, una ley sancionada no para la totalidad de los ciudadanos, sino para ‘uno mismo’». Consideran que hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática.
La ley en cuestión, la N° 20.959, otorga desde 1975 a los integrantes del Congreso el derecho a utilizar una «credencial personal e intransferible que los habilita para la libre circulación y el libre estacionamiento». El proyecto sostiene que esta prerrogativa «no puede sostenerse en un contexto donde se pretende fortalecer la transparencia y la equidad en el ejercicio de la función pública».
