La Justicia argentina profundiza su investigación sobre el posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y hoy dos mujeres que figuran como acreedoras en operaciones vinculadas a la compra de inmuebles del funcionario se presentaron en los tribunales de Comodoro Py. Las dos policías, madre e hija, se retiraron del edificio luego de más de dos horas ante el fiscal y lo hicieron sin declaraciones a la prensa.
Durante su exposición, las implicadas explicaron que le llevaron US$100 mil dólares en efectivo a la escribanía de Adriana Nechevenko para Adorni en 2024. Según ellas, el dinero surgió de juicios laborales del marido de la mayor de las dos mujeres, diferencias salariales y juicios sucesorios. A causa de ello, explicaron, hoy Adorni paga en cuotas de más de 900 dólares por mes, lo que deriva en un 11% anual de intereses.
Las declaraciones también revelaron que el propio funcionario o alguno de sus colaboradores dejan habitualmente el dinero en la escribanía y ellas lo buscan allí. Las mujeres mostraron sus teléfonos y las conversaciones con la escribana, así como los recibos de las cuotas y aclararon que Adorni pagó US$30 mil ya y tiene un pago de US$70 mil por delante en noviembre de este año.
La fiscalía busca reconstruir el origen de esos fondos y verificar si las operaciones se corresponden con la capacidad económica declarada. La investigación también analiza la estructura de financiamiento utilizada en la compra de inmuebles, en particular los acuerdos con hipotecas entre privados y sin condiciones habituales de mercado.
En paralelo, el expediente ya incorporó gastos en dólares, operaciones inmobiliarias y movimientos que la Justicia intenta contrastar con los ingresos declarados por Adorni. La fiscalía busca determinar si las acreedoras tenían capacidad económica real para financiar la operación y si existió una relación consistente entre ingresos, patrimonio y el dinero involucrado.
La segunda parte de la semana estará enfocada en otras dos testigos: las mujeres que vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete y que, al mismo tiempo, quedaron como acreedoras de una hipoteca. La fiscalía busca verificar si estaban en condiciones de otorgar ese tipo de financiamiento y relevar mensajes, audios, correos y registros de llamadas vinculados a la operación inmobiliaria.
La investigación se originó a partir de una denuncia que planteó inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. Desde su entorno rechazan las acusaciones y sostienen que la situación patrimonial podrá ser aclarada con la información oficial.
