En un informe anual presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), se registró un total de 10.181 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en democracia, lo que representa un aumento significativo en comparación con los años anteriores. En particular, el gobierno encabezado por Javier Milei ha liderado como la más represiva desde 1983, con un total de 1.056 casos de asesinatos durante su gestión.
La cifra es alarmante y representa un cambio de régimen en el país. La Correpi sostiene que el gobierno libertario se lanzó a reestructurar profundamente el Estado y todo el sistema normativo público y privado, lo que llevó a una reducción o eliminación de las garantías que en otros tiempos nos permitían defender nuestros derechos.
La lista de muertes es larga y dolorosa. Algunos casos son más conocidos que otros, como el asesinato del estudiante Ivo Rodrigo Torres en la zona de la frontera con Bolivia o la muerte de la fotógrafa trans Treinti después de ser embestida por un patrullero de la Policía Bonaerense.
La cifra de 1.056 asesinatos durante el gobierno de Milei es un récord histórico y supera los peores guarismos registrados por la gestión de Mauricio Macri o Alberto Fernández. La Correpi sostiene que el aparato estatal ha convertido en política de Estado la represión, lo que llevó a una impunidad absoluta.
La letalidad porteña es especialmente grave, ya que la Policía de la Ciudad tiene registrados 195 muertes desde su creación en 2017, contra 630 en iguales circunstancias de la Policía Bonaerense. A pesar de tener un número menor de efectivos, la Policía de la Ciudad es mucho más letal que la Bonaerense.
La Correpi afirma que el Archivo de Casos de Correpi cumple 30 años y se ha convertido en una herramienta para el debate sobre la represión en democracia como política de Estado en Argentina. La organización sostiene que es necesario trabajar por la conciencia, defender a los niños y adolescentes y construir comunidad frente a la violencia estatal.
En este sentido, el informe anual de Correpi es un llamado a la acción para que las personas se sumen a la lucha por la justicia y la memoria. Es hora de reconocer que la represión es política de Estado y que la impunidad es un atributo del poder. Es hora de construir un país donde los derechos humanos sean respetados y garantizados.
