En el marco de una investigación judicial que ha generado un escándalo institucional, el gobierno provincial de San Luis ha reconocido desprolijidades administrativas en la gestión de un campo de maíz bajo control estatal. La controversia se centra en la desaparición de una cosecha de maíz que nunca se realizó contra un contrato homologado y cuyo valor no está documentado.
Según fuentes oficiales, el campo de dos mil hectáreas fue propiedad de la provincia de San Luis, que lo cedió a la empresa El Caburé SA para un proyecto de cría de caballos que nunca se concretizó. En 2017, se dictó el decreto de restitución del inmueble al Estado, pero los empresarios nunca lo devolvieron. Sin embargo, bajo la administración provincial, se avanzó en la recuperación efectiva del predio y en 2020 se dictó un nuevo decreto que ordenaba la toma de posesión del campo.
La Secretaría de Ética Pública, a través del funcionario Darío Oviedo, se ocupó de la recolección y venta de los granos sin los respaldos administrativos correspondientes. Sin embargo, productores agropecuarios detectaron la existencia de una cosecha en curso y denunciaron la irregularidad, lo que desencadenó el escándalo.
El gobierno de Claudio Poggi admitió a LPO las desprolijidades administrativas pero negó la existencia de un desfalco millonario. La investigación judicial avanzó y el ex secretario de Ética Pública del gobernador, Ricardo Bazla, fue imputado por peculado, falsedad ideológica, falsificación de instrumento público, estafa procesal, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Entre los productores aseguran que la ganancia presuntamente obtenida por los funcionarios ronda los 2 millones de dólares, mientras que el gobierno niega ese monto y afirma que la ganancia no llegó a cubrir los gastos de cosecha. Los denunciantes acusaron al oficialismo de presionar a los testigos.
La causa judicial sigue en curso y se esperan nuevas revelaciones sobre la gestión del campo y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
