La normalización del flujo de fondos hacia las prestadoras del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) fue anunciada ayer por el ministro de Salud, Mario Lugones, mientras caminaba por los pasillos del AmCham Summit. Según informó, el Gobierno había comenzado a pagar a las entidades que brindan servicios médicos a través de la obra social estatal. «Hoy está pagando, la plata llegó», aseguró Lugones.
La medida viene después de una serie de reclamos por parte de las prestadoras y médicos de cabecera del PAMI, quienes señalaron que el flujo de fondos se había demorado significativamente en marzo. En ese sentido, la obra social estatal había comenzado a reunir con las autoridades para hablar sobre la normalización del envío de fondos.
El Ministerio de Economía de la Nación le giró al PAMI fondos por $150 millones el lunes pasado, lo que permitió que la entidad comenzara a realizar pagos a las prestadoras y médicos de cabecera. Según altas fuentes de la obra social, se harán pagos este miércoles y podría llegar a completarse «una buena parte» de los $500 millones que reclaman los prestadores.
Aunque el Ministerio de Salud reconoce que hay demoras en el pago de algunas prestadoras, sostiene que no hay un recorte sino un retraso en la entrega de fondos. «No es menor, pero sí que necesitamos el financiamiento para darle respuesta a las prestadoras», reconocieron funcionarios del Ministerio.
La situación presupuestaria de la obra social ha sido objeto de análisis y críticas en las últimas semanas, especialmente después de que un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revelara una disminución de -41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período del año anterior.
Además, la situación de atrasos y demoras en el pago de prestadoras no se circunscribe solo al PAMI. Las ópticas, por ejemplo, han denunciado un retraso del 17,33% para el mes de abril. Los médicos de cabecera del PAMI también realizaron un paro desde este lunes para exigir mayores valores mensuales por la atención de los pacientes.
Finalmente, el Gobierno debe tomar una decisión sobre si continuar con el régimen que exime del pago de contribuciones patronales a la mayor parte de los prestadores privados. La prórroga de esta medida hasta el 31 de diciembre de 2026 suspende los juicios de ejecución fiscal y embargos por deudas acumuladas, pero de no extenderse, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) podrá embargar activos y avanzar en sanciones.
