En el marco de la Resolución de Comisión Nº 0013/2025, aprobada recientemente en la Comuna de Casa Grande, se ha establecido la Tarifaria para este 2026. Sin embargo, el Artículo 33° de esta resolución ha generado un gran debate y descontento entre los vecinos del lugar. El punto en cuestión es la exigencia de pagar un sellado base de $8.370,00 por cualquier trámite, gestión o expediente que se inicie a través de la Mesa de Entradas comunal.
A primera vista, este cargo podría parecer un mero gasto administrativo de papelería, pero en realidad se constituye como una verdadera «aduana interna» o peaje económico que todo vecino debe sortear simplemente para ejercer su derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Esta medida impone una carga monetaria a la participación ciudadana básica, lo que puede generar un desincentivo natural para los vecinos que desean reclamar sobre problemas como luminarias rotas o bachos peligrosos.
Según analistas, este cargo no es solo económico, sino también profundamente simbólico y democrático. La Comuna de Casa Grande ha establecido una política tarifaria que prioriza el ingreso de caja por sobre la escucha activa de los contribuyentes. Esto puede generar un distanciamiento entre las necesidades reales de la comunidad y la agenda de la gestión comunal.
El Artículo 33° no es el único ejemplo de este tipo de cobro en la Comuna. Otros artículos, como el 34°, establecen costos similares para trámites como obtener un Certificado de Libre Deuda o copias de planos o fotocopias de expedientes. Esto sugiere que la Comuna ha decidido trasladar la totalidad del costo operativo de sus oficinas directamente al bolsillo del vecino que gestiona.
La consecuencia es una desigualdad evidente en el acceso a la justicia administrativa local. Aquellos vecinos con menores recursos económicos se ven doblemente afectados: no solo sufren las posibles deficiencias en los servicios públicos, sino que carecen del capital para formalizar su queja o pedido de mejora sin que ello afecte su economía doméstica.
En última instancia, lo que está en juego en Casa Grande para este 2026 no es solo el valor de un sello, sino la transparencia de una gestión que parece haber puesto un candado de ocho mil pesos a la puerta principal de su edificio comunal.
