En un fallo unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado precedente en la materia tributaria, estableciendo límites claros a las provincias que aplican alícuotas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esta medida busca corregir una práctica extendida en la que algunas provincias ofrecen alícuotas más bajas para empresas radicadas localmente y más altas para aquellas que operan desde otras jurisdicciones, lo que genera un esquema de «aduana interna» y distorsiona el comercio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que esta práctica viola principios básicos de la Constitución, como la igualdad ante la ley, la libre circulación de bienes y la organización de un mercado único nacional. En efecto, este esquema puede beneficiar a una empresa en su provincia y castigarla en otra, lo que genera un entramado caótico que aumenta costos, desalienta inversiones y fragmenta cadenas productivas.
La Corte ha advertido que el federalismo no puede convertirse en una excusa para fragmentar el país. En teoría, el objetivo de la integración regional es unificar el mercado interno, lo que se ve obstaculizado por esta práctica. La contradicción es evidente: se habla de integración regional mientras se dificulta el comercio interno.
Este fallo tiene importantes implicaciones para las provincias que dependen fuertemente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para sostener sus cuentas. Limitar su uso o, al menos, su aplicación discriminatoria, implica obligarlas a repensar su estructura de financiamiento. Esto no es menor en un país donde los recursos siempre son escasos y las tensiones fiscales, permanentes.
La Corte ha puesto un freno claro, pero ahora falta ver si el sistema político está dispuesto a actuar en consecuencia. La decisión de los gobernadores sobre cómo responder a esta medida será crucial para determinar el impacto real de este fallo en el futuro del país.
En resumen, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado un precedente importante al limitar las prácticas discriminatorias que aplican algunas provincias en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Esto puede afectar significativamente a las provincias y a la economía en general, ya que obliga a repensar la estructura de financiamiento y puede generar un cambio en la forma en que se abordan las relaciones económicas entre las diferentes jurisdicciones del país.
