En un desarrollo importante en el marco de la disputada ley de reforma laboral, la Corte Suprema de Justicia rechazó el per saltum presentado por el gobierno nacional para cuestionar la validez de la norma. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes consideraron que la presentación de la Procuración del Tesoro no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.
Según fuentes judiciales, el trío de la Corte Suprema evaluó que la presentación del gobierno nacional no acreditaba una notoria gravedad institucional ni se trató de un trámite en el fuero federal. Esta decisión se suma a la ya existente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia de la ley después de que el juez Raúl Horacio Ojeda suspendiera más de ochenta artículos de la norma.
La controversia surgió después que el juez Ojeda hiciera lugar al pedido de amparo presentado por la Confederación General del Trabajo. La medida llevó a una serie de conflictos y reclamaciones, incluyendo una petición de la administración de Javier Milei para que el expediente fuera pase a su jurisdicción.
A pesar de la decisión de la Corte Suprema, la disputa sobre la ley de reforma laboral no se resuelve completamente. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo continúa analizando la cuestión de fondo y es posible que el caso llegue a la Corte Suprema en un futuro próximo.
La decisión de la Corte Suprema ha sido vista como un golpe importante para el gobierno nacional, que había presentado el planteo como una forma de cuestionar la validez de la ley y proteger los intereses de los trabajadores. Sin embargo, la rechazada también puede verse como un reflejo de la necesidad de respetar las normas establecidas por la justicia y no intervenir arbitrariamente en el proceso judicial.
En cualquier caso, la decisión de la Corte Suprema es un paso importante hacia la resolución de la disputa sobre la ley de reforma laboral. Es esperable que se continúe analizando la cuestión de fondo y que se tomen medidas para proteger los intereses de todos los involucrados en el conflicto.
