La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) atraviesa una grave crisis que va más allá de la precarización laboral y la carencia de recursos. La gestión del Centro de Estudiantes, dirigido por las agrupaciones Nuevo Derecho y Franja Morada, se ha visto envuelta en denuncias de manejos empresariales y desconexión con los estudiantes y docentes. A días de la convocatoria a la movilización federal por el presupuesto educativo, los estudiantes y docentes exigen cambios en la conducción del centro y la universidad en general.
Las denuncias se centran en la utilización de recursos públicos para eventos privados millonarios, sin transparencia sobre quién costea y qué se hace con ese dinero. Los videos difundidos en redes sociales muestran estudiantes y docentes expuestos a situaciones de precarización laboral, negocios internos y manejo discrecional de espacios dentro de la facultad. La desconexión entre la conducción estudiantil y los problemas reales de los estudiantes y docentes es palpable.
La situación no es nueva. Desde hace tiempo, la conducción estudiantil se ha mostrado pasiva ante la crisis educativa y económica que afecta a miles de estudiantes que abandonan cursadas por falta de recursos. La falta de presupuesto, becas y condiciones de cursada ha llevado a una precarización laboral y un deterioro estructural en las universidades públicas.
La Facultad de Derecho, históricamente asociada a la formación de jueces, fiscales, dirigentes políticos y abogados de poder, se ha visto afectada por una crisis edilicia con falta de espacios, deterioro de la construcción y eventos privados millonarios que nadie conoce cuánto recaudan ni hacia dónde va ese dinero. La situación es preocupante, ya que en una facultad reconocida internacionalmente por su compromiso con los Derechos Humanos, la presencia de empresas vinculadas a Israel, como Nestlé, puede generar problemas éticos y políticos.
La convocatoria a la movilización federal por el presupuesto educativo se avecina, y los estudiantes y docentes exigen cambios en la conducción del centro y la universidad. La denuncia del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) sobre la estructura universitaria feudal que rige en la facultad y el manejo discrecional de recursos públicos es preocupante.
La crisis universitaria en la UBA es un tema que afecta no solo a los estudiantes y docentes, sino también a la sociedad en general. La necesidad de transparencia y accountability en la gestión de recursos públicos es urgente. Los estudiantes y docentes exigen cambios y esperan respuestas concretas sobre la falta de presupuesto, becas, condiciones de cursada y transparencia institucional.
