La diputada Marcela Pagano presenta un pedido de detención contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

La legisladora nacional Marcela Pagano presentó ayer un pedido de detención contra el jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Manuel Adorni, en la causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito. La diputada fundamentó su solicitud en la acusación de que Adorni ejerció presiones sobre el contratista Matías Tabar, figura clave en la investigación, para que este elimine evidencia del teléfono y borrar mensajes de WhatsApp.

Según Pagano, existió un contacto previo entre el entorno de Adorni y Tabar antes de su declaración jurada. La diputada sostiene que Adorni apretó a Tabar para que este eliminara conversaciones y pruebas del teléfono a cambio de beneficios. «Tabar habría recibido contacto de la gente de Adorni para borrar conversaciones a cambio de beneficios, borrar pruebas del teléfono», indicó Pagano en declaraciones a Ámbito.com.

La diputada argumentó que el cargo jerárquico que ostenta Adorni le otorga una capacidad superior para influir sobre los organismos públicos y el desarrollo del expediente. Por eso, Pagano solicitó la aplicación de la doctrina «Irurzun», criterio judicial que permite justificar la prisión preventiva si se considera que los vínculos de poder de un imputado pueden obstruir la Justicia.

Aunque históricamente esta doctrina se aplicó sobre «relaciones residuales» de exfuncionarios, Pagano solicita su aplicación por analogía agravada, dado que Adorni se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones. Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas para Adorni: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.

La figura de Tabar es considerada central para acreditar las presuntas irregularidades económicas de Adorni. Según las versiones que motivaron la presentación de Pagano, el intento de «apretar» al contratista constituye una maniobra concreta de interferencia que amerita la medida restrictiva de libertad para garantizar la transparencia del proceso judicial encabezado por el fiscal Gerardo Pollicita.