La decisión del intendente Ariel Moyano de impulsar la instalación de una estación de servicio sobre la Ruta 14, aprobada por ordenanza en octubre de 2025, ha generado más interrogantes que certezas entre los vecinos y especialistas. La sorpresa no fue solo por la magnitud de la obra, sino por las condiciones bajo las cuales el municipio habilitó el emprendimiento. De acuerdo con la documentación, el proyecto avanzó sin contar previamente con el estudio de impacto ambiental, un requisito básico que debe emitir la autoridad provincial.
La aprobación del proyecto también estableció que el propio municipio aportaría maquinaria y personal para la construcción de la estación, recursos públicos puestos al servicio de un emprendimiento privado, sin que medie -al menos públicamente- un esquema claro. Además, el convenio otorga beneficios exclusivos al emprendimiento, como exención de tasas municipales, gratuidad en la aprobación de planos y una exclusividad absoluta por quince años, lo que significa que ningún otro privado podrá competir en el mismo rubro dentro de la localidad durante más de una década.
La ONG ADARSA ya presentó pedidos de informes tanto al municipio como a la Secretaría de Ambiente de la provincia, solicitando información clave sobre el impacto ambiental y la legalidad del procedimiento. Las respuestas deberán llegar en un plazo de diez días. La abogada de la ONG, Marcela Fernández (M.P. 130261), confirmó que se solicitó información importante sobre el proyecto, lo que abre una ventana para cuestionar la transparencia y responsabilidad del gobierno local.
La polémica generada por esta decisión no solo plantea interrogantes sobre la efectividad del Estado como facilitador del desarrollo, sino también cuestiones sobre el favoritismo y el monopolio legalizado. ¿Dónde termina el rol del Estado como facilitador del desarrollo y dónde empieza el favoritismo? ¿Bajo qué criterios se definieron estos beneficios? ¿Hubo otras propuestas o se trató de un camino con un único destinatario desde el inicio?
La discusión sobre la estación de servicio en el Valle de Punilla no solo es relevante para los vecinos directamente afectados, sino también tiene implicaciones más amplias sobre la responsabilidad del gobierno local y la transparencia en la toma de decisiones.
