La Municipalidad de La Falda presentó su Presupuesto General para el ejercicio 2026, un documento que intenta navegar entre la retórica de la prudencia fiscal y una agresiva reconfiguración del gasto público hacia la periferia tecnológica. El presupuesto admite de forma taxativa que la gestión se inscribe en un escenario de restricción económica y tiempos de austeridad, donde la optimización de los recursos se presenta no como una opción, sino como una obligación para sostener la operatividad estatal.
La Secretaría de Hacienda y Finanzas y el área de Recursos Humanos reconocen que la gestión se enfrenta a un escenario complicado, lo que justifica la implementación de medidas fiscales restrictivas. Sin embargo, esta narrativa de carestía convive con una proyección de ciudad que pretende insertarse en la vanguardia de la economía del conocimiento.
El presupuesto contempla un esquema de ajuste directo que comienza con un incremento del 29 por ciento en la tasa básica de Servicios a la Propiedad, tomando como base los valores vigentes al 31 de diciembre de 2025. Este aumento se complementará a partir del período siete, correspondiente al mes de julio, con una actualización basada en el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026.
Además, la Tasa de Comercio e Industria sufrirá un incremento del 25 por ciento en sus valores mínimos mensuales, mientras que los servicios de cementerio por conservación, limpieza y arrendamiento escalarán un 30 por ciento. El municipio intenta matizar este impacto con incentivos como un descuento del 10 por ciento por pago semestral en enero, pero la realidad normativa es la de una fiscalidad indexada que traslada íntegramente el riesgo inflacionario a una comunidad que ya enfrenta un notable encarecimiento del costo de vida.
Un examen pormenorizado de los adicionales revela una estructura tributaria que, bajo el velo de la modernización, termina penalizando financieramente a los sectores más vulnerables a la brecha digital. El presupuesto fija un cargo por Gastos Administrativos de 1548.00 pesos, que solo se reduce a 516.00 pesos para quienes logren adherirse al cedulón digital, imponiendo de facto un gravamen que triplica el costo para aquellos ciudadanos, mayoritariamente adultos mayores, que dependen del formato físico.
Esta penalización se agudiza al observar que la Ordenanza ya establece para el 1 de octubre de 2026 la obligatoriedad de la digitalización de trámites para exenciones de jubilados de cara al período 2027. Resulta una ironía administrativa que, mientras se destinan recursos a programas de alfabetización digital para la tercera edad, el sistema fiscal diseñe barreras de entrada que condicionan el acceso a beneficios tributarios fundamentales a la pericia tecnológica del contribuyente.
En última instancia, el modelo de gestión moderna que La Falda intenta consolidar para 2026 parece estar construyéndose sobre los cimientos de una desigualdad programada. La ambición de proyectar a la ciudad como un Polo de Conocimiento y un referente de la economía circular, con mediciones de huella de carbono y fomento del ecosistema emprendedor, es un horizonte loable que choca frontalmente con la realidad de un presupuesto que castiga la falta de acceso digital con sobrecostos administrativos del 200 por ciento.
