En un movimiento que puede tener importantes consecuencias para los responsables del fútbol argentino, el fiscal en lo Penal Económico, Claudio Navas Rial, presentó un recurso de apelación ante la Cámara de Apelaciones con el objetivo de ampliar las acusaciones contra el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y otros miembros de la cúpula de la organización futbolística. Según la fiscalía, los procesamientos dictados por el juez Diego Amarante en marzo pasado no consideraron adecuadamente los ingresos por «patrocinio oficial» en los embargos trabados.
La controversia gira en torno al «subconcepto 551» del Impuesto 353, que registra los montos percibidos por la AFA y la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en concepto de patrocinio oficial con fines publicitarios. La fiscalía sostiene que la AFA actuaba como agente de retención en el marco del Decreto 510/23, un régimen especial diseñado para el fútbol profesional. Según esta normativa, una alícuota del 7,5% de esos ingresos brutos por sponsoreo se debe aplicar a cancelar las obligaciones de la seguridad social de los clubes.
El fiscal argumentó que la decisión judicial de excluir estos fondos provenientes de los sponsors en el cálculo del procesamiento y los embargos es una ofensa «grave, inminente e irreparable» que beneficia a los acusados. Navas Rial sostiene que estos fondos nunca fueron patrimonio de la AFA, sino que pertenecían a los clubes afiliados para cumplir con sus cargas previsionales.
La fiscalía pide que se amplíe el procesamiento y se adecuen los montos de los embargos ordenados contra Tapia, Pablo Toviggino, Gustavo Lorenzo, Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina para reflejar la «totalidad del perjuicio irrogado a la Administración Pública». Si el recurso es aceptado, las medidas cautelares sobre el patrimonio de los dirigentes podrían aumentar significativamente.
En caso de un revés, el fiscal ya ha dejado planteada la reserva para llevar el caso hasta la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia. Tapia y Toviggino fueron procesados y embargados por no haber pagado en plazo más de 19.000 millones de pesos en concepto de impuestos y aportes patronales, lo que puede llevar a penas hasta de 50 años de prisión.
