La Fiscalía Federal, bajo la dirección del fiscal Franco Picardi, pidió ayer que vuelvan a ser indagados tres exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como parte de una nueva ronda de citaciones en la investigación sobre las presuntas irregularidades dentro de la entidad. Los nombres mencionados son Diego Spagnuolo, Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, quienes ya fueron indagados y procesados por sus suposadas participaciones en un esquema de corrupción que afectó directamente a la administración pública y, especialmente, a una población vulnerable como la de personas con discapacidad.
Según Picardi, se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia de Discapacidad entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo. Estas prácticas, que implicaban salidas de dinero por más de 75.000 millones de pesos provenientes del erario estatal en favor de un reducido grupo empresarial, se extendieron desde al menos diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
La Fiscalía sostiene que existió una estructura delictiva organizada entre funcionarios de la agencia y representantes y directivos de empresas privadas para direccionar contrataciones, inflar precios mediante un sistema especial de contratación y repartirse el dinero público. Spagnuolo, la máxima autoridad de la entidad durante el período investigado, ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
La investigación judicial que lleva Picardi hace siete meses determinó que la ANDIS funcionó como una «verdadera ventanilla administrada discrecionalmente» para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.
La Fiscalía pidió también la indagación de más de 20 empresarios con más de 30 firmas formadas parte del entramado delictivo. Entre ellos se encuentran Emilio César Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami y otros.
La investigación también encontró que la Agencia Nacional de Discapacidad fue utilizada como una «verdadera ventanilla administrada discrecionalmente» para concentrar beneficios económicos en determinados proveedores afines y ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de concurrencia, transparencia y control que rigen toda actividad estatal.
La causa nació al calor de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que el exdirector de la Agencia hablaba con cierto nivel de detalle acerca de un esquema de recaudación ilegal en la Agencia. La Fiscalía sostiene que no ha utilizado esos audios como prueba y que la investigación se basa en pruebas independientes.
La sentencia dividida de la Cámara Federal ordenó al juez Sebastián Casanello que «disponga de todo lo necesario» para despejar las dudas sobre el origen del material, pero Casanello no ordenó medidas al respecto, amparado en que ese es el objeto de una causa paralela que está en manos del fiscal Carlos Stornelli.
