En un intento por esclarecer las responsabilidades detrás de la muerte de 111 pacientes que sufrieron infecciones asociadas al fentanilo adulterado, el juez federal Ernesto Kreplak decidió ampliar la declaración indagatoria de los 14 imputados en la causa. La decisión se basa en la acumulación de nuevas pruebas en su contra, que revelan la gravedad del caso y la necesidad de profundizar en la investigación.
La tragedia, considerada el mayor desastre sanitario del país, comenzó a tomar forma el 8 de mayo de 2025, cuando la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta sobre la presencia de bacterias multirresistentes en las ampollas de fentanilo. La investigación incluyó estudios bacteriológicos del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de varios tipos de gérmenes peligrosos para la salud pública.
Entre los imputados se encuentran el propietario y accionistas de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, así como directivos y responsables de las empresas involucradas. Cuatro de ellos están en prisión preventiva y dos cumplen arresto domiciliario. Las defensas de los imputados apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata, cuyos magistrados están trabajando actualmente en las observaciones presentadas.
La investigación también ha revelado graves problemas de gestión y control en los laboratorios involucrados. Los chats del «grupo empleados» revelan un descontrol absoluto en la manipulación y almacenamiento inadecuado de reactivos y sustancias químicas, lo que aumenta el riesgo de explosión o contaminación. Un intercambio entre técnicos y responsables de la planta elaboradora describe cómo se escondieron reactivos vencidos y se exponen al sol y la lluvia, aumentando el peligro de que las cosas se echen a perder.
La causa tramita bajo el expediente FLP 17371/2025 e investiga la presunta muerte de 111 pacientes y la afectación de otros 49 sobrevivientes. La investigación incluyó estudios bacteriológicos del Instituto Malbrán, que detectaron la presencia de gérmenes peligrosos para la salud pública. El personal describía de manera improvisada y falta de previsión para tareas de control ambiental y de insumos, lo que aumenta el riesgo de muerte.
La expectativa de pena para los imputados oscila entre 10 y 25 años de prisión, por los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas. La investigación continúa avanzando hacia la justicia, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades detrás de esta tragedia y proteger a los pacientes que sufren en el futuro.
