La justicia cuestiona la licitación de la Vía Navegable Troncal

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal, luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre «serias y evidentes irregularidades» en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional. Taiana reiteró su pedido de suspensión del proceso licitatorio, argumentando que se trata de un caso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional.

Según la presentación, la Fiscalía Anticorrupción cuestionó varios aspectos del proceso licitatorio, incluyendo la cantidad excesiva de documentación técnica puesta a disposición durante la audiencia pública informativa. Esto habría impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva, según indicó la presentación. Además, la Fiscalía denunció cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia en la licitación.

El dictamen de la PIA también retoma objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un «posible direccionamiento» de la licitación, así como la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente en la materia. En este sentido, Taiana sostuvo que el Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley.

«Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno no puede seguir adelante con este proceso licitatorio, ya que podría generar graves consecuencias para la economía y la sociedad en general», sostuvo Taiana. Por tanto, el diputado nacional presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y exigir un nuevo procedimiento que respete los principios de transparencia, competitividad y ajustamiento a la ley.