En un momento en que la justicia argentina se encuentra sumida en una crisis de legitimidad, surge un proyecto que busca transformar el mecanismo de selección de jueces. La acordada, firmada por los miembros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, busca limitar la injerencia política en los tribunales y propiciar un mayor peso de las grandes empresas y estudios que asesoran en la selección de jueces.
La medida ha generado una gran polémica en el seno del Consejo de la Magistratura, donde se discuten los términos de la acordada. El proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca eliminar la «partidización» y la «discrecionalidad» en la selección de jueces, pero muchos consideran que esto puede llevar a un mayor control político sobre la justicia.
La postura de los abogados Jimena De la Torre y Alberto Maques, representantes del kirchnerismo, es particularmente relevante. De la Torre adelantó que está «absolutamente de acuerdo con todos los términos de la acordada», pero aclaró que el tema debería discutirse en la comisión de Selección y Reglamentación y, en todo caso, votarse en plenario.
La jugada estratégica de Lorenzetti y Rosenkrantz se inscribe en un contexto más amplio de crisis política y judicial. La decisión del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, de promover el ascenso a jueza de Ana Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, que instruye la causa $Libra, ha generado una gran polémica.
Además, el proyecto de Lorenzetti y Rosenkrantz busca limitar el peso de las entrevistas personales en la selección del orden de mérito de los que compiten por la calidad de juez. Esto puede ser visto como un intento de contrarestar el poder político sobre la justicia.
En este contexto, la postura de los consejeros y abogados involucrados en la discusión es crucial. La decisión del Consejo de la Magistratura tendrá importantes consecuencias para el futuro de la justicia argentina.
