En un desarrollo significativo en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el juez Ariel Lijo decidió levantar el secreto fiscal y bancario del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti. Además, la medida también incluye el secreto fiscal de la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos. La decisión judicial busca esclarecer los movimientos fiscales de la pareja para determinar si existieron inconsistencias en el manejo de fondos y la compra de tres inmuebles: un departamento en el barrio porteño de Caballito, otro en Parque Chacabuco y una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz.
La investigación comenzó a principios de marzo y desde ese momento, el presidente Javier Milei ha mantenido una defensa total sobre la figura del Jefe de Gabinete, a pesar de los rumores de salida. Sin embargo, la medida judicial puede generar tensiones en el seno del gobierno, ya que Adorni es un funcionario clave en el equipo presidencial.
Además, la resolución judicial también incluye el secreto fiscal de las acreedoras de Adorni, lo que comprende a seis personas: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria María José Cancio. La medida apunta a esclarecer los movimientos fiscales de la pareja para determinar si existieron inconsistencias en el manejo de fondos y la compra de las propiedades.
La investigación sigue en curso y se espera que se obtengan más detalles sobre los movimientos financieros de Adorni y su esposa. Mientras tanto, el presidente Milei ha mantenido su apoyo al Jefe de Gabinete, a pesar de los rumores de salida. La medida judicial puede ser un golpe duro para la pareja, ya que se busca esclarecer si existieron inconsistencias en el manejo de fondos y la compra de las propiedades.
En cualquier caso, la decisión del juez Lijo refleja la determinación de la justicia para investigar las acusaciones y obtener la verdad. La medida puede generar más tensión en el seno del gobierno, pero también puede llevar a una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
