En el año 2010, se sancionó la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que establecía como objetivo fundamental proteger la salud mental y garantizar el pleno goce de los derechos humanos para las personas con necesidades de atención en este ámbito. Sin embargo, la propuesta de modificación del gobierno nacional actual vuelve atrás en muchos aspectos importantes.
La concientización sobre las violaciones a los derechos humanos en las instituciones asilares fue contundente en el pasado. Antes de la ley, bastaba la presentación de dos certificados médicos para que un juez ordenara una internación, y en esos espacios era práctica corriente la sobremedicación, muchas veces utilizada como castigo. El sistema asilar cierra su ciclo cuando no existen alternativas a la internación.
La sanción de la ley 26.657 constituyó un verdadero cambio de paradigma -introdujo una perspectiva de derechos, reconoció la capacidad de las personas, impulsó la interdisciplina y la intersectorialidad, y reguló la arbitrariedad de las internaciones-. Sin embargo, no logró satisfacer plenamente las demandas de familiares y de personas con necesidad de atención y cuidados en salud mental.
La nueva propuesta del gobierno nacional vuelve atrás en muchos aspectos importantes. Mantiene el concepto de protección de la salud mental y el pleno goce de los derechos humanos, pero vuelve a nombrar a las personas como “personas con trastornos o enfermedades mentales y/o padecimientos en adicciones”, estigmatizándolas y agravando una exclusión social que nace de la descomposición de la crisis capitalista actual.
La ley 26.657 establecía que el presupuesto en salud mental debía ser el 10 % del presupuesto total de salud, objetivo que nunca se alcanzó en ningún gobierno posterior. La propuesta del gobierno nacional limita los alcances del Órgano de Revisión para la correcta implementación de la ley, especialmente en aspectos vinculados al ejercicio de derechos de las personas internadas y a la posibilidad de hacer presentaciones ante el Consejo de la Magistratura para sancionar a jueces en caso de irregularidades.
La nueva propuesta también favorece aún más el esquema de instituciones privadas que mantienen los preceptos asilares y manicomiales, ahora en función del desarrollo de negocios privados. El nuevo marco legal favorece aún más este esquema al proponer la creación de instituciones sin especificar el nivel de participación pública ni el presupuesto a destinar.
La prohibición de crear nuevos hospitales de salud mental dio paso a instituciones de todo tipo que mantienen los preceptos asilares y manicomiales, ahora en función del desarrollo de negocios privados. El nuevo marco legal favorece aún más este esquema al proponer la creación de instituciones sin especificar el nivel de participación pública ni el presupuesto a destinar.
La situación actual es sumamente preocupante. La desfinanciación del sistema de salud salta a la vista ante cualquier trabajador que necesita atención en salud mental. Los equipos interdisciplinarios que desempeñan funciones en hospitales y centros de internación -ya bajo extrema presión y sin recursos- se verán además demandados por el ingreso de pacientes por vía judicial.
La población debe unirse para exigir una verdadera salud mental comunitaria. No es la ley, sino la voluntad política de financiar la salud lo que debemos cambiar. Los trabajadores de la salud y los usuarios deben unirse contra los gobiernos responsables de vaciar sistemáticamente los espacios de atención. La demanda de justicia debe ser unificada para exigir una verdadera reforma en el sistema de salud mental.
