En el estado provincial de Salta, una comunidad indígena Lule se encuentra en una situación crítica luego que el gobierno provincial decidió usurpar parte de su territorio bajo la forma de un comodato a favor del Tigres Rugby Club. La medida, impulsada por el bloque del gobernador Sáenz y el diputado Valenzuela, fue aprobada con la mayoría oficialista aunque algunos diputados admitieron que nunca leyeron el proyecto ni conocían que en la zona había personas viviendo.
La comunidad Lule se opone a esta medida, ya que les prohíbe construir, acceder al agua y servicios básicos, pero quiere beneficiar a un club privado de la élite salteña. Esta decisión es vista como una más de la entrega de bienes comunes a empresarios y multinacionales, convirtiendo cada día más a la provincia en zona de sacrificio.
La comunidad no ha hecho esperar su respuesta. Organizados en asambleas, han llevado adelante un plan de lucha que hasta ahora ha logrado retroceder las intenciones del gobierno. Cientos de manifestantes se movilizaron hacia la zona de las canchas de Tigres Rugby Club y luego cortaron el acceso a San Lorenzo y se movilizaron al frente de la casa del gobernador.
El senado se vio obligado a reconocer la existencia de la comunidad, recibir en reunión a sus referentes y a tomar compromisos de tenerlos en cuenta como parte afectada. La lucha sigue y la resistencia logró visibilizar el reclamo, que sean recibidos por la cámara de senadores y recoger amplia simpatía sobre la comunidad Lule.
La comunidad indígena Lule ha presentado una nota técnica al senado, argumentando que la norma proyectada contraría flagrantemente la normativa provincial, nacional e internacional de derechos humanos, afectando la posesión ancestral de la Comunidad Indígena Lule. La poseción comunitaria de nuestro territorio está amparada por el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Art. 15 de la Constitución Provincial.
La investigación CIUNSa Nº 2665 concluye que la posesión de la comunidad data del Siglo XVI, preexistiendo a la formación del Estado Provincial. El Estado no puede, mediante un acto legislativo posterior, desconocer su propio reconocimiento administrativo y técnico sin violar el principio de progresividad y seguridad jurídica.
Además, se advierte a los señores Senadores sobre los siguientes puntos críticos que invalidarían la norma: afectación al derecho al trabajo y al sustento de vida. La lucha por la propiedad comunitaria en Salta es un ejemplo más de cómo el Estado puede usurpar los territorios que no le pertenecen, a expensas de la comunidad indígena Lule.
