En un contexto donde la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, generó una gran controversia y divisiones entre los sectores políticos y ambientalistas, el Gobierno Nacional se prepara para enfrentar la posible judicialización del tema. Según dos fuentes próximas al oficialismo, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, trabaja en silencio diseñando una estrategia que busque apelar a los amparos y cautelares presentados por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y las ONGs ambientalistas.
La reforma en cuestión establece un mayor margen para que las provincias definan sus propios criterios de protección, lo que ha generado críticas severas entre los sectores mineros y ambientalistas. Sin embargo, el oficialismo sostiene que la ley fue sancionada por una amplia mayoría sin problemas y que la justicia se expedirá en sintonía con el Ejecutivo.
Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo está la audiencia pública celebrada para someter a debate los cambios, que obtuvo más de 65.000 inscripciones, aunque solo se les dio lugar a 200 expositores. Además, se destaca el proceso que atravesó el proyecto desde su redacción hasta su sanción definitiva, y se asegura que la justicia se expedirá sin problemas.
Por otro lado, los críticos de la reforma cuestionan el procedimiento, calificando la audiencia pública de «falsa» y denunciando el incumplimiento del Acuerdo de Escazú. También remarcan la interjurisdiccionalidad y ven inevitable la judicialización.
Entre los diputados que rechazaron los cambios, varios han manifestado su confianza en la justicia y esperan que la Corte Suprema de Justicia se expida en sintonía con el Ejecutivo. Sin embargo, otros han expresado su inquietud por el potencial desempeño judicial y presionan al ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en caso de que el tema escale.
En este contexto, es posible que la lucha política y judicial sea larga y compleja. Lo cierto es que la reforma de la Ley de Glaciares ha generado una gran controversia y divisiones entre los sectores políticos y ambientalistas, lo que puede llevar a un desempeño judicial que tenga importantes implicaciones para el futuro del país.
