La Ordenanza General de Presupuesto para el Ejercicio 2026, número 1638/2025, aprobada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) en la localidad de Huerta Grande, ha generado una oleada de críticas y preguntas sobre la decisión de blindar las arcas municipales mediante la incorporación de facultades extraordinarias para operar en el mercado de valores y adquirir moneda extranjera. La medida, que busca preservar el valor real de los ingresos municipales frente a la desvalorización monetaria, no está exenta de riesgos inherentes a la exposición de fondos públicos en circuitos de especulación financiera.
Según el artículo 65 de la ordenanza, el DEM ha sido autorizado a comprar moneda extranjera, divisas y valores mobiliarios o títulos que cotizan en el Mercado de Valores. La fundamentación técnica de esta medida se apoya en la necesidad imperiosa de mantener y preservar el valor real de los ingresos y recursos municipales. Sin embargo, la apertura a instrumentos bursátiles marca un hito en la autonomía financiera del municipio, otorgando una flexibilidad que habitualmente se reserva a entidades financieras o grandes carteras de inversión privada.
La ordenanza también profundiza en la sofisticación de las herramientas financieras permitidas, habilitando operaciones de financiamiento y inversión en moneda local o internacional a través de instrumentos de mercado o bancarios. Las inversiones pueden ser de corto y mediano plazo en instrumentos de renta fija y otros activos bursátiles con liquidez, siempre que se realicen a través de cuentas bancarias en entidades reconocidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) o intermediarios regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La decisión de colocar excedentes de caja o fondos destinados a servicios públicos en divisas o títulos implica que el municipio asume una posición de mercado. En este escenario, una eventual devaluación o una caída en la cotización de los títulos públicos podría resultar en una pérdida nominal o real de los recursos de los contribuyentes.
Además, la gestión de estas carteras requiere un nivel de especialización técnica y seguimiento diario que se aleja de las funciones operativas habituales de una secretaría de hacienda municipal. Por otro lado, la normativa refleja una respuesta institucional a la realidad inflacionaria descrita en otros apartados del presupuesto.
La ordenanza intenta evitar que los fondos recaudados pierdan su capacidad de compra antes de ser ejecutados en obras o servicios. Sin embargo, el debate sobre si los fondos públicos deben estar sujetos a la dinámica de la especulación financiera sigue siendo un punto de fricción ética y legal.
La línea entre la preservación del valor y la exposición innecesaria al riesgo de mercado es delgada, y la ejecución de estos artículos durante el año 2026 será determinante para observar si esta estrategia financiera redunda en una mayor eficiencia presupuestaria o si, por el contrario, introduce una vulnerabilidad externa en las finanzas de Huerta Grande.
