En un debate que ha generado gran polémica en el ámbito político y ambiental, el proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciales que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente. La iniciativa, aprobada exprés en el Senado y en tramitación en la Cámara de Diputados, ha generado un amplio desacuerdo entre los actores involucrados.
La reforma busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales y transfiriendo facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central. Sin embargo, los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.
El diputado nacional y exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti (Provincias Unidas) expresó su rechazo a la reforma de la ley de glaciares que obtuvo dictamen en comisión y que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. «Los glaciares son fundamentales para que tengamos agua dulce en el país», afirmó Schiaretti. «Influyen no solo en el 36% de la superficie argentina que depende de ellos para tener agua potable, sino también en provincias como Córdoba que, sin ser cordillerana, depende en su zona oeste de los glaciares para garantizar agua a lo largo del tiempo».
El exgobernador señaló que la urgencia con la que se impulsó la reforma es uno de sus principales problemas: «Con el cambio climático acelerando el retroceso de los glaciares, protegerlos no es una opción ideológica: es una necesidad concreta. Cuidar el agua es cuidar la vida». Schiaretti también subrayó que medio ambiente y producción no son incompatibles: «El cuidado del ambiente no es incompatible en absoluto con la producción y el progreso. En Argentina se sancionó el RIGI y, con la actual ley de glaciares, y según el propio gobierno nacional, vinieron inversiones por unos 25 mil millones de dólares al país».
En cuanto al proceso legislativo, dijo: «La modificación de la ley de glaciares debe hacerse con el tiempo necesario para alcanzar consensos y obtener una buena ley. No se puede hacer de manera exprés, como impulsó el Poder Ejecutivo en el Senado y como se hizo en Diputados, donde hubo más de 100 mil inscriptos para participar de la audiencia pública y solo pudieron expresarse unos pocos».
Schiaretti también advirtió que la reforma le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, lo que podría generar desigualdad y conflictos entre ellas. «Hay que reformar para mejor, no a cualquier costo ni de manera exprés», concluyó en un comunicado que difundió en sus redes sociales.
La reforma a la ley de glaciares es una batalla entre protección ambiental y explotación económica, y solo el tiempo dirá si se logrará un equilibrio entre ambos aspectos.
